Edesur Dominicana, S.A.

Por: Solangey’s Reyes Guzmán, Gerente de Asuntos Penales de Edesur

El fraude eléctrico es un fenómeno que ha afectado significativamente el sistema energético de la República Dominicana. Este problema no solo conlleva pérdidas económicas para las empresas distribuidoras de energía, sino que también impacta negativamente en la calidad del servicio y en el desarrollo sostenible del país. 

A medida que la demanda de energía crece, el fraude eléctrico se convierte en un obstáculo que requiere atención y acción efectiva por parte de las autoridades competentes.

El régimen de consecuencias del fraude eléctrico en la República Dominicana está regulado por diversas leyes y normativas que buscan combatir esta práctica ilegal. La Ley No. 125-01 sobre el sector eléctrico establece las bases para la regulación de la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como las sanciones para quienes incurran en el fraude. 

Esta ley permite a las empresas distribuidoras tomar acciones legales contra los defraudadores, lo que incluye la interposición de denuncias ante el Ministerio Público y la implementación de medidas administrativas, como la suspensión del servicio.

Una de las consecuencias más severas del fraude eléctrico es la penalización económica. Las personas o empresas que son sorprendidas robando energía pueden enfrentar multas significativas que varían según la magnitud del fraude. Además, el costo de la energía que no fue pagada se suma a la deuda del infractor, creando un efecto disuasorio que busca prevenir futuras infracciones.

Además de las sanciones económicas, el régimen de consecuencias también incluye la posibilidad de acciones penales. Dependiendo de la gravedad del delito, el fraude eléctrico puede ser considerado un delito de robo, lo que conlleva penas de prisión. Esta medida busca no solo sancionar a los infractores, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia de la legalidad y la responsabilidad en el consumo de energía.

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones y consecuencias, el fraude eléctrico sigue siendo un problema persistente en la República Dominicana. 

Factores como la falta de educación sobre el consumo responsable de energía, la pobreza y la percepción de impunidad contribuyen a que muchas personas opten por robar energía en lugar de pagar por ella. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades no solo implementen sanciones, sino que también desarrollen campañas de concienciación y educación sobre el uso adecuado de la energía eléctrica.

Asimismo, es esencial mejorar la infraestructura de medición y distribución de energía, así como la implementación de tecnologías que permitan detectar y prevenir el fraude de manera más efectiva. La modernización de las redes eléctricas y la adopción de sistemas de medición inteligentes pueden ser herramientas clave para reducir las pérdidas por fraude.

En conclusión, el régimen de consecuencias del fraude eléctrico en la República Dominicana es un componente crucial en la lucha contra esta práctica ilegal. A través de sanciones económicas y penales, las autoridades buscan disuadir a los infractores y proteger la integridad del sistema eléctrico. Sin embargo, es vital complementar estas medidas con educación y mejoras tecnológicas para abordar las causas subyacentes del fraude eléctrico. Solo a través de un enfoque integral se podrá lograr un sistema energético más justo, eficiente y sostenible para todos los dominicanos.